TIPS LEGALES: Contribuciones que deben hacer patronos y trabajadores, según la legislación vigente

La firma transnacional de abogados Deloitte, representada en Venezuela por los escritorios Romero-Muci & Asociados y Lara Marambio & Asociados, publicó en su portal web un “Avance Legal” en el que resume las diferentes contribuciones que deben realizar patronos y trabajadores, según la legislación vigente. Punto de Venta enumera para sus lectores todos los aportes que hasta el momento deben realizar empleadores y empleados, según el informe de Deloitte:

A) Contribuciones que deben hacer patronos y trabajadores

1.- Seguro Social Obligatorio: Al trabajador le corresponde hacer un aporte mensual de 4% sobre el salario normal. El aporte del patrono se realiza igualmente sobre el salario normal pero el porcentaje correspondiente depende de la calificación de riesgo de la actividad realizada, la cual se rige por la siguiente escala:
Empresa de riesgo mínimo: 9%
Empresa de riesgo medio: 10%
Empresa de riesgo máximo: 11%

2.-Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE): Todos aquellos patrones que empleen cinco (5) o más trabajadores deben aportar trimestralmente al INCE el 2% del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie pagados al personal. La contribución del trabajador es el 0,5% de las utilidades recibidas.

3.-Régimen Prestacional de Empleo (antiguo Paro Forzoso): Al trabajador le corresponde un aporte mensual de 0,5% sobre el salario normal devengado; mientras que el patrono realiza un aporte mensual de 2% del salario normal devengado por cada trabajador. Actualmente esta contribución se hace ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pero una vez que sea creada la Tesorería de Seguridad Social, prevista en la LOPCYMAT, las contribuciones se harán ante este nuevo organismo.

4.-Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (antigua Política Habitacional): Al trabajador le corresponde un aporte mensual del 1% de su ingreso total mensual, y el patrono debe cancelar mensualmente el 2% sobre los ingresos totales recibidos por cada trabajador. Estos aportes se realizan en cada una de las cuentas de los trabajadores en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.

B) Contribuciones a cargo solamente del patrono

1.-Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: Los patronos que ocupen cincuenta (50) trabajadores o más deben destinar el 1% de su ganancia neta anual a programas de prevención integral social contra el tráfico y consumo de drogas ilícitas, para sus trabajadores y entorno familiar. De este porcentaje el 0,5% se destinará a programas de protección integral a favor de niños, niñas y adolescentes. Las personas jurídicas fabricantes de bebidas alcohólicas, tabacos y sus mezclas, así como los importadores de estas sustancias están obligados a cancelar el 2% de sus ganancias netas anuales.

2.-Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT): En la actualidad sólo continúan vigentes las contribuciones establecidas en la Ley de Seguro Social mencionada anteriormente. Una vez que sea creada la Tesorería de la Seguridad Social prevista en la LOPCYMAT, el aporte del patrono se establecerá de la siguiente manera: se multiplicará el total de salarios por el grado de riesgo que le sea asignado a la empresa, en base a un reglamento especial que aún no ha sido dictado, por un factor constante igual a cinco coma trescientos setenta y cinco (5,375) dividido entre diez mil (10.000).

El Gobierno ya no cobrará el Impuesto al Débito Bancario

En Gaceta Oficial Nº 38.375 del 8 de febrero del 2006 fue derogada la aplicación del Impuesto al Débito Bancario (IDB), aprobada por la Asamblea Nacional y previamente anunciada por el presidente Hugo Chávez en alocución nacional. Este tributo sobre las operaciones bancarias, equivalente a 0,5% de los montos que cambien de manos a través de las entidades financieras, se dejó de cobrar el pasado 10 de febrero. El IDB estuvo vigente desde mayo 2002, aunque la administración de Hugo Chávez Frías lo aplicó por primera vez desde mayo de 2000 hasta marzo 2001. Luego, en mayo de 2002 el Gobierno retomó el tributo con el objeto de cubrir insuficiencias presupuestarias. Ese año la tasa se estableció en 0,75%, pero en agosto subió a 1% hasta junio de 2003. Entre julio y diciembre de 2003 la alícuota del gravamen disminuyó a 0,75%, y a partir de enero de 2004 la tasa se redujo a 0,5%. En 2004 se calificó al impuesto al débito como ingreso recurrente, porque era el tercer año consecutivo que se utilizaba el tributo, y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Administración Financiera cuando los ingresos extraordinarios se utilizan por más de tres años son recurrentes. Según el superintendente del Seniat, Vielma Mora, la eliminación del IDB le costará al Fisco 3,6 millardos de bolívares.

Fuente: El Universal

Ejecutivo aumentó el salario mínimo en el mes de febrero

En Gaceta Oficial Nº 38.371 de fecha 2 de febrero de 2006, fue publicado el Decreto Presidencial N° 4.247, mediante el cual se fija el salario mínimo mensual obligatorio en la cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 465.750,00), para los trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados. En la Gaceta Oficial publicada se estipula que este aumento salarial tiene vigencia desde el primero (1ero) de febrero de 2005, pero según información dada por el Presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión del jueves dos (2) de febrero de 2006, dicho aumento tendría vigencia a partir del primero (1ero) de febrero de 2006, por lo que se espera que en los próximos días se reimprima la Gaceta corregida. Igualmente, en la Gaceta se fijaron los salarios mínimos mensuales para distintas clasificaciones de trabajadores:
1) Bs. 465.750,00 mensuales para los trabajadores urbanos del sector privado y del sector público.
2) Bs. 426.917,72 mensuales para los trabajadores urbanos del sector privado, de empresas que tengan menos de 20 trabajadores.
2) Bs. 349.292,29 mensuales para los adolescentes y aprendices.
3) Bs. 465.750,00 mensuales para los empleados rurales que trabajen en empresas, unidades de producción, establecimientos, explotaciones o faenas, que tengan más de 20 trabajadores; y Bs. 426.917,72 para aquellos que trabajen en empresas, unidades de producción, establecimientos, explotaciones o faenas que tengan menos de 20 trabajadores.
4) Bs. 465.750,00 mensuales para los trabajadores de conserjería. Este salario se iguala con el de los trabajadores del sector urbano.
5) Bs. 426.917,72 mensuales para los trabajadores domésticos, habiten o no en la casa u hogar donde presten sus labores.
6) Bs. 465.750,00 para los pensionados y jubilados de la Administración Pública Nacional, es decir, el equivalente al salario mínimo de los trabajadores urbanos.

Exigirá solvencias laborales a las empresas

En Gaceta Oficial Nº 38.371, de fecha 2 de febrero de 2006, fue publicado el Decreto Presidencial N° 4.248, mediante el cual se regulan las solvencias laborales de los patronos. La solvencia laboral es una certificación expedida por el Ministerio del Trabajo al patrono, si éste respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores (Art. 2). Dicha certificación es un requisito indispensable para
1. Solicitar créditos del sistema financiero público.
2. Acceder al Sistema Nacional de Garantías, Fondo de Riesgos y Sociedad de Capital de Riesgo
3. Recibir asistencia técnica y servicios no financieros.
4. Participar en los programas de compras del Estado, Ruedas y Macro Ruedas de Negocios, nacionales e internacionales.
5. Renegociar deudas con el Estado.
6. Recibir apoyo y protección integral para la innovación y ampliación tecnológica.
7. Solicitar recursos que favorezcan la importación de materias primas, insumos y/o tecnologías dirigidos a mejorar y ampliar la producción.
8. Participar en procesos de licitación.
9. Tramitar y recibir divisas de la Administración Pública Nacional.
10. Solicitar para su aprobación el otorgamiento de permisos o licencias de importación y exportación.

La solicitud para la obtención de la solvencia laboral deberá hacerse ante la Inspectoría del Trabajo competente y tendrá una vigencia de un (1) año. Esta puede ser negada por el Inspector del Trabajo cuando el patrono:
1. Incumpla una Resolución, acto o decisión del Ministro del Trabajo.
2. Se niegue a cumplir providencias administrativas o cautelares de reenganche y pago de salarios caídos.
3. Desacate cualquier observación realizada por los funcionarios competentes en materia de supervisión e inspección del trabajo.
4. Incumpla cualquier observación o requerimiento dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o del Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales.
5. Incumpla con decisiones de los Tribunales con competencia en materia del trabajo y seguridad social.
6. No cumpla oportunamente con las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social.
7. Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria y de huelga.

En vigencia aumento de la unidad tributaria

El Ministerio de Finanzas publicó en la Gaceta Oficial No. 38.350 la providencia con el nuevo valor de la unidad tributaria, que se elevó de 29.400 a 33.600 bolívares. El ajuste representa un aumento de 14,4%, que fue el índice de precios al consumidor del 2005. Para la declaración de Impuesto Sobre la Renta se tomará en cuenta la unidad del pasado año, es decir, 29.400 bolívares, debido a que los pagos se realizarán sobre los ingresos obtenidos en el 2005. Según la providencia "en los casos de los tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente por lo menos 183 días continuos del período respectivo".

Ley sobre el Delito del Contrabando

La Ley sobre el Delito del Contrabando, que viene a sustituir el Capítulo I del Título IV así como el Artículo 129 de la Ley Orgánica de Aduanas, establece penas de prisión de cuatro a ocho años para los infractores.

Compensaciones laborales pueden generar complicaciones a los altos ejecutivos al cancelar el ISRL

Expertos en el área laboral recomendaron a los empresarios que asistieron a un foro organizado por Venamcham, la conveniencia de crear este año una partida para consejos legales en sus presupuestos, con el fin de asesorar especialmente a sus altos ejecutivos a la hora de declarar el Impuesto Sobre la Renta. En los últimos meses el Seniat ha ordenado cancelar a algunos altos ejecutivos y hombres de negocios reparos hasta por 50.000 unidades tributarias, equivalentes a más de 1,4 millardos de bolívares, luego de revisar las declaraciones de impuestos que estos ejecutivos han entregado al Seniat durante los últimos cinco años. Este importante monto incluye el pago de la multa, los impuestos dejados de cancelar en esos años, más los intereses que se calculan sobre la base de la unidad tributaria vigente el año pasado. Al parecer, las discrepancias encontradas por el Seniat no se interpretan como evasión fiscal, sino que tienen su origen en una interpretación diferente sobre cómo calificar algunas formas de pago a la hora de declarar impuestos. Por ejemplo, los bonos en dólares, que las empresas no consideran salario, muchos de los ejecutivos no los sumaron a la base imponible, y el Seniat consideró que deberían computarse.


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